El gobierno húngaro busca informantes para la búsqueda de personas sospechosas con doble nacionalidad

El gobierno húngaro ha propuesto una controvertida ley que podría privar de la ciudadanía a las personas con doble nacionalidad por hasta diez años. Esta ley, cuyo objetivo es fortalecer la soberanía nacional, se dirige a quienes tengan pasaportes de fuera de la UE o del EEE. Además, el Gobierno anima a los ciudadanos a convertirse en informantes y denunciar riesgos sospechosos.

Propuesta controvertida

Nepszava informes de que el gobierno húngaro Ha presentado una controvertida propuesta que podría privar de la ciudadanía húngara a ciertas personas con doble nacionalidad por hasta diez años. La enmienda, publicada por la Asamblea Nacional el martes por la noche, pretende reforzar la protección de la soberanía nacional al permitir que las autoridades suspendan la ciudadanía a quienes también posean un pasaporte de un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo o candidato a la adhesión a la UE.

El gobierno húngaro busca informantes para la búsqueda de personas sospechosas con doble nacionalidad
Foto: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Esto significa que los británicos-húngaros, ruso-húngaros y húngaros-estadounidenses podrían ser objeto de discriminación, mientras que los ciudadanos de Noruega, Rumanía u otros países asociados a la UE no se verían afectados. La ley cita como justificación las amenazas al orden público y la seguridad nacional, incluyendo el servicio militar en un ejército extranjero, actuar en interés de una potencia extranjera o ser condenado por delitos graves como traición o terrorismo.

Informantes para ayudar al gobierno húngaro

Una disposición clave de la enmienda permite suspender la ciudadanía húngara mediante decreto ministerial, debiendo la persona demostrar que no representa un riesgo para la seguridad. Sin embargo, lo que hace a esta ley tan particular es su dependencia de informantes. El gobierno húngaro ha invitado abiertamente a cualquiera a denunciar a las personas sospechosas de cumplir los criterios, fomentando así una cultura de denuncia. Si bien la decisión final recae en un ministro del gobierno, los críticos argumentan que esta política podría utilizarse para atacar a la oposición política y silenciar la disidencia con el pretexto de la seguridad nacional.

Preocupaciones sobre las libertades civiles

Esta medida está en línea con la del Primer Ministro Viktor OrbánLa retórica del gobierno contra los llamados "agentes financiados desde el extranjero", un tema que reiteró en su discurso del 15 de marzo, en el que pidió la eliminación de lo que denominó un "ejército en la sombra". Muchos creen que, al permitir que informantes inicien investigaciones, el gobierno parece estar utilizando la cooperación pública como arma contra las amenazas percibidas. Si bien los funcionarios insisten en que los ciudadanos comunes no serán expulsados ​​del país, los críticos advierten que la enmienda plantea serias preocupaciones sobre las libertades civiles.

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