Luchas de poder y vigilancia: la reestructuración de la Oficina de Información de Hungría en 2018
El verano de 2018 fue un período crucial no solo para la Oficina de Información, una rama del servicio secreto encargada de la inteligencia exterior, sino también para el sistema político húngaro. Se produjo una operación de inteligencia y una lucha de poder sin precedentes, que situaron la relación entre el gobierno y los servicios de inteligencia en un nuevo nivel.
Durante mucho tiempo, la Oficina de Información funcionó bajo la supervisión de János Lázár, entonces jefe de la Oficina del Primer Ministro. TélexDurante sus años como jefe de la Oficina de Información, János Lázár prestó una atención considerable a las actividades de inteligencia relacionadas con las instituciones de la UE. Esta práctica no sólo afectaba a la OLAF, sino también a otras delegaciones y funcionarios de la UE en Hungría. La intensificación de las actividades de vigilancia de la Oficina de Información no sólo puso a los servicios de inteligencia húngaros en una posición delicada, sino que también socavó la confianza en la UE.
Este acuerdo se rompió en 2018, cuando se formó el cuarto gobierno de Orbán y la Oficina de Información pasó a depender del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, dirigido por Péter Szijjártó. Sin embargo, el proceso de transferencia de poderes no fue fácil y la situación pronto se volvió tensa.
El primer paso de Szijjártó fue invitar a los responsables de la Oficina de Información, entre ellos a István Pásztor, director general de la misma, a una reunión. Pero al mismo tiempo recibió una orden inusual del departamento de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores: se permitiría el acceso a la Oficina de Información a un equipo especial de 30 personas que exigía el acceso completo a los archivos.
La búsqueda de documentos
El grupo de trabajo, formado por representantes de varios departamentos del Ministerio del Interior, estuvo durante semanas en la sede de la Oficina de Información. El objetivo oficial de su investigación era realizar un análisis exhaustivo del funcionamiento de los servicios de inteligencia, pero en realidad estaban interesados en obtener información sobre casos concretos, como los asuntos económicos de la familia Orbán, en particular los de István Tiborcz, el yerno del primer ministro, y el escándalo de las contrataciones públicas en el que estaba implicada la empresa Elios Plc.
Durante el allanamiento, los fiscales interrogaron al personal, registraron archivos y confiscaron ordenadores. A los directivos despedidos no se les permitió regresar a sus oficinas y sus efectos personales no les fueron devueltos hasta más tarde.
El operativo fue llevado a cabo por las fuerzas del ministro del Interior, Sándor Pintér, pero es posible que la iniciativa haya sido apoyada por el entorno de Viktor Orbán. El objetivo era averiguar qué información había recopilado la Oficina de Información en los años anteriores del gobierno, en particular sobre los asuntos de la familia Orbán. Los hechos arrojaron luz sobre las luchas de poder internas entre los diferentes actores del gobierno.
El seguimiento de la OLAF y el caso Elios
Uno de los ámbitos de trabajo más controvertidos de la Oficina de Información ha sido el seguimiento de la OLAF, la oficina de lucha contra el fraude de la Unión Europea. Bajo la dirección de János Lázár, la Oficina de Información supervisó activamente la investigación de la OLAF en Hungría sobre los abusos en las contrataciones públicas por parte de Elios Plc. El personal de la OLAF fue objeto de escuchas telefónicas, seguimientos físicos e incluso grabaciones secretas. El objetivo era obtener un acceso temprano a la información recopilada por el organismo de la UE.
Las investigaciones de la OLAF finalmente revelaron irregularidades en los proyectos Elios y recomendaron la recuperación de 13 mil millones de HUF (31 millones de euros) de fondos de la UE. Sin embargo, el gobierno húngaro lo cubrió con cargo al presupuesto, evitando así la responsabilidad financiera directa.
Las consecuencias
Los acontecimientos de 2018 pusieron de relieve la falta de transparencia e independencia política de los servicios de inteligencia húngaros. Las acciones del grupo de trabajo también plantearon cuestiones jurídicas, ya que la falta de documentación oficial podría indicar una actividad ilegal. Según Miklós Ligeti, director jurídico de Transparencia Internacional Hungría, los acontecimientos suscitan sospechas de criminalidad en varios aspectos.
La represión de 2018 no sólo supuso la sustitución de la dirección del IH, sino también una reorganización completa del funcionamiento y de las relaciones de poder internas del servicio de inteligencia húngaro. Viktor Orbán criticó personalmente las actividades anteriores de la Oficina de Información y quedó claro que el servicio de inteligencia estaba siendo controlado más estrechamente por los intereses gubernamentales.
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